Orden jerarquico de las leyes en espana

En resumen, se pueden hacer tres observaciones generales e interrelacionadas. En primer lugar, una mirada atenta a la Nueva España en vísperas de la independencia revela la erosión gradual de una estructura social basada en los estamentos, las corporaciones y la desigualdad jurídica, y los esbozos, al menos, de un nuevo sistema basado en la clase económica. Tal vez la manifestación más evidente de este último fenómeno fue la creciente fuerza de la «burguesía» mercantil y el surgimiento de un sector empresarial entre los fabricantes textiles de Valladolid, Guadalajara y el Bajío.68 En segundo lugar, la velocidad del cambio fue insuficiente para dar cabida a las graves tensiones dentro del orden social, principalmente los resentimientos acumulados de los estamentos inferiores y las frustraciones de los criollos blancos.

Los primeros estallaron en 1810, los segundos estallaron en 1821, y ambos se combinaron fugazmente en este último año para producir la independencia política. En tercer lugar, la sociedad colonial jerarquizada sobrevivió a la ruptura con España con cierto reordenamiento de sus componentes, pero con la desaparición del símbolo de la corona como instrumento de control social, su carácter invertebrado se hizo plenamente emergente. Fueron necesarios casi cien años para la formación de una sociedad jurídicamente igualitaria y la creación de un nuevo mito social como instrumento de cohesión.

Gaetano Mosca, The Ruling Class New York, 1939, pp. 158-159. Los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento jurídico interno una vez publicados oficialmente en España.

En caso de contradicción entre las disposiciones de un tratado internacional y el derecho nacional, prevalecerá el primero. El Derecho de la Unión Europea también forma parte del ordenamiento jurídico español, y está jerárquicamente por encima de las leyes nacionales. El Parlamento, compuesto por dos cámaras, el Congreso y el Senado, legisla sobre las materias que la Constitución reserva al Estado.

Cuando una ley afecta a derechos y libertades civiles fundamentales, se denomina ley básica y se promulga mediante un procedimiento especial que requiere mayoría absoluta en el Congreso. Las leyes ordinarias requieren mayorías simples. El sistema jurídico español sigue un orden jerárquico en el que ninguna ley inferior puede contradecir a una ley superior.

La Constitución española es la ley superior, seguida de los tratados internacionales, incluido el derecho europeo; las leyes estatales, que pueden ser orgánicas u ordinarias en función de la importancia de la materia para cuya aprobación se requiere una mayoría cualificada; los reales decretos ley; los reales decretos legislativos; los reglamentos del Gobierno; las leyes autonómicas; y los reglamentos comunitarios. Al margen del cierre de fronteras y del resto de medidas adoptadas, el actual escenario político en España, con multiplicidad de partidos y un gobierno de coalición, hace que siga siendo improbable que el Congreso de los Diputados logre un consenso para la aprobación de nuevas leyes de inmigración en el próximo año, lo que podría suponer un cambio real en el marco de la inmigración, sobre todo porque los actuales partidos políticos mayoritarios tienen puntos de vista opuestos en materia de inmigración.